Hace tiempo que el PSOE anda a vueltas con la prostitución. Hace tiempo que habla de abolirla. Hace poco volvió a hacerlo. Fue durante su 40º Congreso. Entre las resoluciones del mismo hay una que recoge la voluntad del Partido Socialista Obrero Español de impulsar una ley integral para la abolición de la prostitución.
En la resolución se habla de que debería hacerse durante la presente legislatura, pero no se fijan plazos. Después de todo, es difícil establecerlos, dada la complejidad del debate. Para empezar, el Gobierno de España no es un gobierno monocolor. Es el fruto de la colaboración y el trabajo conjunto de dos partidos, el propio PSOE y Unidas Podemos. Así como en el primero la postura abolicionista parece francamente mayoritaria, en el caso de la formación morada existen posiciones marcadamente regulacionistas. Así, entre la abolición y la regulación, son muchos los miembros de Unidas Podemos que apuestan por regular la prostitución.
En el referido documento que recoge las resoluciones del congreso socialista existe un compromiso triple:
- Sancionar la demanda.
- Perseguir penalmente todas las formas de proxenetismo.
- Recuperar la tipificación penal de tercería locativa.
El delito de tercería locativa
¿Qué es la tercería locativa? Abogados especializados nos indican que al hablar de tercería locativa estamos hablando de una figura jurídica que hace referencia a todo aquel lugar que se proporciona para la realización de la actividad sexual de la persona prostituida. O sea: cualquier tipo de negocio cuyo objetivo, de una forma directa o indirecta, sea la explotación de la prostitución ajena.
El Código Penal de 1973 recogía esta figura jurídica, que fue despenalizada en la reforma que de dicho código se realizó en 1995. Mediante ek delito de tercería locativa se hacía penalmente responsable al "amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación".
Según recoge el PSOE en su documento, esta medida, junto a las señaladas anteriormente, marcan el camino "para acabar con la mayor expresión de vulneración de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en el mundo".
Al mismo tiempo, el Gobierno impulsará también un cambio en la definición de explotación sexual. Según el actual Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, se podrá hablar de explotación sexual cuando quede demostrado que existe un "aprovechamiento de una relación de subordinación o dependencia". En el redactado actual y tipificación de este delito, el delito de explotación sexual se produce cuando se dan "situaciones de vulnerabilidad o condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas".
¿Esto implicará un aumento significativo de las condenas por proxenetismo? La respuesta no es tan sencilla como podría parecer a priori. Después de todo, y al igual que sucede con toda ley, el cómo se aplique ésta dependerá de la interpretación que a la misma le vayan dando los jueces al dictar sus sentencias. Serán ellos, finalmente, quienes determinen el rumbo más o menos penalizador, más o menos restrictivo, que tome la jurisprudencia.
Por su parte, la Asociación de Mujeres Juezas (AMJE) creen que las condenas por proxenetismo se reducirían con la aprobación de la Ley de Libertad Sexual. Para ellas, la citada "relación de subordinación o dependencia" que recoge la ley sería difícil de probar, siendo más fácil de probar y, por tanto, de conducir a una sentencia condenatoria por explotación sexual, las condiciones que se plantean en el redactado de la ley actualmente vigente.
Críticas a la penalización de la tercería locativa
La pretendida recuperación del delito de tercería locativa ha recibido múltiples críticas. Lógicamente, la voluntad abolicionista del PSOE o de buena parte de Unidas Podemos no es bien recibida por las asociaciones de prostitutas. Y no lo es, tampoco, la recalificación penal de la tercería locativa.
Para las asociaciones de trabajadoras sexuales existe el riesgo evidente de que se califique como tercería locativa aquellos casos en los que varias mujeres comparten piso de forma voluntaria ejercer en él la prestación de servicios sexuales a cambio de dinero. Las asociaciones de prostitutas temen que, en estos casos, no sean necesarias las condiciones abusivas para que se produzca la calificación penal.
La presidenta del Otras (Sindicato de Trabajadoras Sexuales), Concha Borrell, resaltó hace unos días el rechazo de la asociación que ella preside a toda ley abolicionista. La aprobación y aplicación de una ley de ese tipo, señaló Borrell, dejaría en la calle y sin medios para ganarse la vida a unas 400.000 mujeres.
Por su parte, En Comú Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, ha mostrado su absoluto rechazo a la recuperación de la tipificación penal de la tercería locativa. Claramente posicionada como defensora de una postura regulacionista, la formación catalana señala que la adopción de medidas como las defendidas por el PSOE en su 40º Congreso y las impulsadas por el Gobierno en su Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual no hace sino reforzar el estigma de la prostitución cayendo, además, en un error: el de no diferenciar la prostitución voluntaria de la prostitución forzada.
Para En Comú Podem, lejos de servir para acabar con la prostitución, afecta directa y negativamente a las trabajadoras sexuales.
El partido catalán señala que, según dicta la experiencia vivida en países que en su momento optaron por impulsar políticas abolicionistas respecto a la prostitución, dichas políticas solo han servido para hacer que la actividad se vuelva clandestina, para empeorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras sexuales y para dificultar su acceso a la vivienda. En algunos casos, señalan, incluso han llegado a perderla.
En defensa de su postura, En Comú Podem ha recurrido a citar la posición que sobre estos mismos aspectos mantienen diversos organismos internacionales de derechos humanos. Dichos organismos defienden y recomiendan la derogación de todo tipo de normativa que provoque la criminalización de las mujeres que ejercen la prostitución.
El futuro de las páginas de contactos
Una de las preguntas que surgen cuando se habla de la abolición de la prostitución y de la recuperación del delito de tercería locativa es: ¿de qué forma afectaría el abolicionismo a las webs de citas?
Lógicamente, resulta inocente pensar que las páginas de contactos no se verían afectadas por medidas políticas de ese tipo. Sin duda se verían muy seriamente afectadas las webs de anuncios de prostitutas. Éstas, con la ley en la mano, deberían cesar en su actividad. Porque... ¿qué capacidad legal de existir tendría un directorio de anuncios de prostitución online en un país en el que la prostitución está prohibida?
En cierto modo, la mera recuperación de la figura de la tercería locativa podría bastar para dejar fuera de la legalidad a una web de contactos de este tipo. Quienes trabajaran y vivieran de dicha página podrían ser entendidos judicialmente como personas que viven de la explotación de la prostitución ajena y por lo tanto, o dejan de proveer esos servicios, se marchan fuera de la Union Europea como pasa en webs de Francia o ya pueden contratar los servicios de un buen abogado si no quieren acabar en la carcel (aunque tuvieran una gran defensa legal fremte a un juez, no podrían operar dentro de España).
Cuando se habla de la prostitución y de la voluntad de acabar con ella, tarde o temprano se llega al mismo punto: el de aceptar el hecho irrefutable de que una cosa es desear abolirla y otra muy distinta conseguir que desaparezca. ¿Se pueden poner puertas al campo? ¿Ha desaparecido la prestación de servicios sexuales a cambio de dinero en países como Francia por el mero hecho de haber aprobado una ley de carácter abolicionista?
La prostitución ha existido prácticamente desde que el mundo es mundo y es harto improbable que deje de existir. Como indican muchos expertos en el tema, las medidas abolicionistas y prohibicionistas no consiguen tanto hacerla desaparecer como endurecer las condiciones en las que muchas personas la ejercen.
Una página web de anuncios de prostitutas pone en manos de quien desea ejercer la prostitución de una forma libre y voluntaria una gran herramienta para publicitarse, ejercer en mejores condiciones su profesión y mejorar su calidad de vida.
Como tantas veces se ha señalado y como hemos visto que recalcan las asociaciones de trajabadoras sexuales en sus comunicados y en las declaraciones de sus socias y directivas, hay que poner todo el empeño posible en perseguir la trata y la explotación sexual de mujeres y, por supuesto, de menores de edad. Hay que hacer eso y, claro está, condenar duramente a sus responsables. Pero eso no puede ni debería hacerse de cualquier modo. Debería hacerse respetando al mismo tiempo la libertad de la mujer para escoger su oficio y para hacer con su cuerpo lo que ella desee.
