El debate es seguramente tan viejo como el oficio. ¿Qué debe hacerse con la prostitución en España? ¿Se debe intentar abolir? ¿Se debe regular? ¿Deben promulgarse leyes que persigan y castiguen a los clientes de la prostitución? ¿Deben, por el contrario, impulsarse legislaciones que establezcan el marco jurídico en el que la prostitución pueda ejercerse de una manera libre y reglamentada?
Las respuestas a estas preguntas son muy diversas y cada país, desde sus instituciones, da la suya propia. En este tema, también, la Unión Europea parece ser terreno abonado para la desunión. Hay países, como Francia, que han optado por seguir la ruta abolicionista. Otros, como Suiza o Alemania, han preferido considerar la prostitución como un trabajo más y han establecido en sus normativas y leyes cómo y dónde puede ejercerse. En un lugar y otro se analizan cuáles han sido los resultados derivados de la aprobación de las respectivas legislaciones y en ninguno de ellos parece haberse alcanzado el éxito esperado.
¿Y España? ¿Cuál es la postura de España? ¿Cuál es el camino elegido por su Gobierno de coalición para afrontar el tema de la prostitución? En este tema, también, el barco de la coalición entre PSOE y Unidas Podemos parece hacer aguas. Han bastado unas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo para demostrar hasta qué punto los posicionamientos ideológicos de los dos miembros de la coalición difieren entre sí.
Varios días después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, hablara de un plan conjunto con el Ministerio de Trabajo para impulsar una "acción sociolaboral" contra la prostitución, la vicepresidenta Calvo habló directamente de impulsar una «legislación nacional contra la prostitución y la trata".
Los dos proyectos, no hace falta remarcarlo, están en las antípodas ideológicas. Se vuelve, pues, al viejo debate sobre abolición o regulación, pero esta vez en el seno del Gobierno. Si Montero y Unidas Podemos abogan por regular la prostitución en España; Calvo y el PSOE defienden abolirla. Y las dos posturas se expresan, a su decir, desde una voluntad feminista.
Trata y prostitución
Para Carmen Calvo, la trata existe porque existe la prostitución. Que la ley pene la explotación sexual tal y como hace a día de hoy en nuestro país, señala la vicepresidenta, no basta para acabar con la prostitución. Solo penalizar directamente al cliente, señala Calvo, puede servir para acabar con la prostitución en España.
Fue en el marco del foro 'La España que hacemos: libre de trata y prostitución', organizado por el PSOE, donde la vicepresidenta Calvo defendió su postura de impedir que ninguna mujer pueda mercadear con su cuerpo. En ese foro, también, Calvo calificó el proyecto socialista de abolir la prostitución en España como una "lucha de país". Para vencer en esa lucha, señaló, será necesario implicar y lograr el apoyo no solo del resto de fuerzas políticas del arco parlamentario, sino también de ayuntamientos y comunidades autónomas. Algo que, dijo, no será fácil, especialmente por dos motivos: la implantación sociológica del patriarcado y, en palabras textuales de la vicepresidenta, "ese derecho que siente un hombre para acceder al cuerpo de una mujer".
La postura de Calvo y, con ella, la del PSOE, chocaba frontalmente con lo que Irene Montero había apuntado unos días antes. Y es que, para Montero, la posibilidad de multar a los clientes de la prostitución "no se está demostrando como la medida más eficaz para combatir la explotación sexual". Para ella, por el contrario, el gran reto a la hora de afrontar este tema es "legislar el proxenetismo no coactivo" y lograr una "regulación integral del fenómeno de la trata".
Para la ministra de Unidas Podemos, a la hora de tratar el tema de la regulación o abolición de la prostitución en España solo debe existir una prioridad: "la garantía y protección de los derechos de las mujeres".
Reacciones ante la posibilidad de abolir la prostitución
Tras las declaraciones de la vicepresidenta Calvo en el mencionado foro, casi ningún partido ni asociación que trabaje sobre el terreno con prostitutas ha expresado su opinión. Solo Ciudadanos, en palabras de su portavoz Melisa Rodríguez, ha reafirmado su postura "regulacionista" y la apuesta de la formación liderada por Inés Arrimadas por impulsar una legislación que establezca las normas que permitan practicar la prostitución con garantías y respetando en todo momento lo que cada persona "decida hacer" con su cuerpo. El partido naranja, pues, parece hacer hincapié, también, en la garantía y protección de los derechos de las mujeres que, de una manera libre y sin coacciones, deciden ejercer la prostitución.
La pregunta que se hacen muchas personas es: ¿hasta qué punto una legislación abolicionista garantiza y protege dichos derechos? La respuesta a esta pregunta puede surgir de la observación de lo que ha sucedido en países en los que se ha decidido impulsar una política abolicionista respecto a la prostitución. ¿La ley abolicionista francesa, por ejemplo, ha servido para que la prostitución desaparezca en el país vecino? Los expertos y las asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales apuntan que no. Que la ley francesa sobre prostitución, dicen, solo ha servido para hacer que las condiciones de vida y la situación laboral de las prostitutas francesas empeoren.
En el mencionado caso francés, pues, no se puede decir que la abolición haya supuesto el fin de la prostitución. Ha supuesto, si acaso, que las prostitutas vivan peor y que ejerzan su oficio en peores condiciones. ¿Hay motivos para creer que en España, en caso de seguirse la senda abolicionista, sucedería de otro modo?
